Los principales funcionarios del área de seguridad se reunieron hoy en Casa Rosada para definir los detalles del operativo que se desplegará mañana ante una nueva marcha de jubilados frente al Congreso. El encuentro, encabezado por el asesor presidencial Santiago Caputo, contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Sergio Neiffert, y su segundo, Diego Kravetz. También participaron el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y el vicejefe de Justicia, Sebastián Amerio.
El operativo de mañana será similar al de la semana pasada, cuando enfrentamientos entre la Policía y manifestantes dejaron varios heridos, cientos de detenidos y graves destrozos en la Ciudad de Buenos Aires. Según fuentes oficiales, participarán efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria.
El Gobierno descartó la participación de barras bravas en esta nueva movilización, a quienes responsabilizó por los episodios de violencia ocurridos el miércoles pasado. En los últimos días, funcionarios de la administración libertaria defendieron el operativo de seguridad y denunciaron que la marcha busca desestabilizar al Gobierno, llegando a calificarla como un intento de golpe de Estado.
Además, respaldaron el accionar policial, pese a que un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un efectivo de Gendarmería impactó en la cabeza del fotoperiodista Pablo Grillo, quien permanece internado en grave estado.
Otro factor que preocupa al Gobierno es que la marcha coincidirá con el debate en Diputados del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El oficialismo busca dictaminar hoy el texto para allanar su tratamiento en la sesión de mañana. De no lograrlo, necesitará el aval de dos tercios de la Cámara para tratarlo sobre tablas.
En cualquier caso, el Gobierno deberá asegurarse los votos necesarios para aprobar el DNU, ya que, según la normativa vigente, ambas Cámaras deben rechazar un Decreto para derogarlo. Con el aval de una de ellas, el texto quedará firme.
