La Cámara de Diputados tratará el 14 de mayo un proyecto para declarar la emergencia en discapacidad hasta el final del mandato de Javier Milei. La iniciativa fue impulsada por Unión por la Patria y obtuvo dictamen de mayoría con el apoyo de varios bloques opositores.
La propuesta busca actualizar las prestaciones en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y aumentar el presupuesto destinado a tratamientos. Además, exige una compensación retroactiva por la pérdida de poder adquisitivo entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024.
Fuerte respaldo político y movilización social
Durante la discusión en comisiones, se realizó una marcha frente al Congreso para exigir la sanción de la ley. El dictamen fue aprobado en un plenario conjunto de las comisiones de Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto, sin la presencia de la mayoría de los diputados de La Libertad Avanza, incluido José Luis Espert.
La reunión fue encabezada por Daniel Arroyo, Pablo Yedlin y Carlos Heller, todos de UP. La iniciativa recibió el respaldo de Encuentro Federal, la Coalición Cívica, e incluso de la izquierda. En tanto, el radicalismo, Democracia para Siempre (DPS) y el PRO presentaron dictámenes alternativos con diferencias clave sobre el alcance y duración de la emergencia.
Cruce de posturas sobre retroactividad y auditorías
El dictamen de mayoría plantea una actualización automática por inflación, como ocurre con las jubilaciones. También establece que el aumento se aplique desde diciembre de 2023, lo cual fue objetado por el PRO, que propone aplicar solo actualizaciones futuras.
Desde el PRO, el diputado Martín Maquieyra señaló que apoyan el ajuste por IPC, pero sin retroactividad. En tanto, Lisandro Nieri (UCR) insistió en la importancia de auditorías y promoción del empleo. Por su parte, Carla Carrizo (DPS) propuso limitar la emergencia a un año, por tratarse de una medida excepcional.
Un debate que busca consenso para evitar el veto presidencial
Arroyo remarcó que el objetivo es asegurar que los valores de las prestaciones “no sigan perdiendo frente a la inflación” y criticó el accionar de la Agencia Nacional de Discapacidad: “No se puede poner en estado de desesperación a 1.200.000 personas por un desfasaje en la base de datos”.
Desde el oficialismo, se buscará ahora negociar con la UCR y DPS para conseguir una mayoría más amplia y evitar un eventual veto del Ejecutivo, como ya ocurrió con los proyectos de jubilaciones y universidades.
El dictamen de mayoría obtuvo 59 firmas, mientras que el PRO reunió 14, DPS 8, y la UCR 7.
