El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó este martes que las personas detenidas o condenadas penalmente ya no podrán acceder a planes sociales, como parte de una serie de reformas impulsadas por el Gobierno para «endurecer» las condiciones carcelarias.
La medida fue coordinada entre los ministerios de Justicia y Capital Humano y se enmarca en una política más amplia que incluye la prohibición de celulares en las cárceles y la implementación del programa «Ocio Cero», que obliga a los reclusos a trabajar durante su condena.
«La cárcel no es un hotel ni un recreo», afirmó Adorni durante la conferencia de prensa. «Quienes causaron daños deben pagar sin beneficios ni excepciones», agregó, en referencia a la eliminación de los subsidios estatales para presos.
Según el Gobierno, esta decisión pone fin a una era de «beneficios garantistas» y busca «restablecer el sentido de la pena». Sin embargo, la medida ya genera debate entre organizaciones de derechos humanos, que la consideran «punitiva» y «discriminatoria».
